Un cambio burocrático operado por el Gobierno bonaerense, a partir de la implementación de una ventanilla única para efectuar todos sus pagos desde la Tesorería General, tiene en jaque a las cooperativas eléctricas más pequeñas de la Provincia, que reclaman unos 140 millones de pesos que corresponden al Fondo de Compensaciones Tarifarias, esencial para garantizar su supervivencia.
El fondo se constituye con los aportes de los propios usuarios y se destina para que las cooperativas más pequeñas, que prestan servicio en zonas rurales, compensen los mayores costos sin necesidad de aplicar tarifas diferenciales que obviamente serían más onerosas.
Hasta finales de 2017, era liquidado por el Organismo de Control, OCEBA, sin mayores atrasos, pero a partir de este año quedo a cargo del SIGAR -Sistema de Información de Apoyo a la Gestión presupuestaria, financiera y contable de la Provincia de Buenos Aires- cuya implementación se lleva a cabo con algunas dificultades.
Las cooperativas no han recibido los aportes correspondientes a enero y tampoco el de febrero. En FEDECOBA, la entidad que las agrupa, calculan que el Fondo aporta el 40 por ciento de los ingresos, con los cuales se solventan los pagos a proveedores de energía, trabajadores e insumos básicos para dar continuidad al servicio.
Son, en total, unos 70 millones de pesos por mes, que se recaudan con el aporte de los usuarios localizados en áreas atendidas por los concesionarios provinciales y municipales en el porcentaje que establece la Autoridad de Aplicación, sobre los valores de los cuadros tarifarios únicos aprobados. Dicho valor no puede ser superior al 8% del importe total a facturar a cada usuario, antes de impuestos. En la actualidad asciende al 5%.
Entre enero y febrero, la deuda acumulada asciende 140 millones, sin los cuales se ve seriamente comprometida la prestación del servicio en el 40 por ciento de las cerca de 200 cooperativas que operan en territorio bonaerense.
FEDECOBA y otras entidades ya le transmitieron la inquietud al OCEBA y a la Dirección Provincial de Desarrollo De los Servicios Públicos. Y advirtieron que sus asociados “se verán obligados a la priorización de sus pagos, pudiendo ello provocar, en principio, retrasos en los pagos de sus facturas por compra de energía a las Distribuidoras Provinciales”.