Al igual que el año pasado, el Organismo de Control de Electricidad de Buenos Aires (Oceba) eligió Olavarría para ser sede de la audiencia pública informativa por el servicio de electricidad. Además de conocerse las subas que impulsa el gobierno bonaerense, se escucharon reclamos tanto por los aumentos como por el modo en que se llevó adelante la audiencia.
Participaron del encuentro un centenar de asistentes, y hubo 10 oradores. Estuvieron el titular del Oceba, Jorge Arce y el director de Energía de la Provincia, Alberto Rica. Entre los oradores participaron también Jorge Raúl Ruesga, en representación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia; Marisa Sánchez, en representación de la Liga de Amas de Casa de Mar del Plata; Federico Pablo Otamendi de la OMIC de General Alvarado y Marías Adolfo Italiano, ex concejal de Bahía Blanca.
Se presentaron también Eduardo Amaya del Sindicato de Luz y Fuerza; Julia Irena Carruthers de la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina; Claudio Bulacio de la Asociación Distribuidora de Energía Eléctrica de Argentina; Karina Angélica Pais en representación de la Municipalidad de Laprida; Eduardo Chantada y Santiago Carnaghi, docente de Chacabuco.
La suba que se viene
Según trascendió desde los informado por el Oceba, se prevé una suba de casi el 30% en las tarifas eléctricas, sin tener en cuenta los impuestos nacionales, provinciales y municipales. De acuerdo al gráfico que se mostró del nuevo cuadro tarifario, la luz aumentará un 19,8% este mes y un 9,5% en febrero, pero sumando los impuestos llegaría al 50%. En la audiencias se cuestionó la legalidad de estas audiencias públicas que “tienen carácter meramente informativo” y hasta se pidió la impugnación de este tipo de encuentros.
Una de las voces más críticas fue la de Ruega, quien aseguró que “entendemos es injusto el cuadro tarifario que va a pegar fuerte en los usuarios de la provincia de Buenos Aires”. Ruesga planteó que “el cuadro tarifario está escrito” y alertó que “dejamos constancia de una impugnación a este tipo de audiencias”.
Desde la OMIC de General Alvarado, Federico Pablo Otamendi, quien concurre a una audiencia pública por séptima vez, planteó que “siempre vemos que nos prestamos a una mera escenografía donde el libreto ya fue escrito”.
Otamendi consideró que “esta audiencia es ilegítima y que carece de legalidad porque no cumple con lo que se dictó en el fallo Cepis”.