Existen diversas versiones sobre la fecha concreta en que la Casa Rosada remitirá el proyecto al Parlamento, una de ellas indicó que sería esta semana y la otra que podría ser en septiembre.
El nuevo impulso a la Ley se da en el marco creado por las nuevas críticas del Gobierno a los grandes multimedios, como fue el caso de la Presidenta, quien habló de un "fusilamiento mediático".
De hecho, la nueva ley implica una serie de medidas que apuntan a desarmar a los grandes multimedios para evitar la conformación de monopolios, según reza la letra oficial.
De esta manera, reemplazará radicalmente a la ley 22.285, sancionada en 1980 por el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y modificada por la Reforma Constitucional de 1994 encarada por el entonces presidente Carlos Menem, y el decreto 1005/99 del gobierno de Fernando de la Rúa.
Los puntos centrales de la nueva normativa se encuentran en el artículo 38, en el que se prohíbe a los licenciatarios tener una licencia de televisión abierta y una de cable a la vez, y se establece un techo del 35 por ciento del total nacional de habitantes a los que se les puede prestar un servicio.
El mismo artículo generó polémica debido al apartado que establece que la Secretaría de Medios revisará las licencias otorgadas cada dos años "con el objeto de resguardar la competencia y el interés público", aunque el Gobierno aclaró que este punto no pretende ejercer presiones sobre los licenciatarios.
Por otra parte, el artículo 24 señala que la empresa prestadora del servicio de radiodifusión "deberá tener un capital social de origen nacional" y sólo puede contar con "hasta un máximo del 30 por ciento" de capital accionario extranjero.
Además, el artículo 21 establece que la prestación de servicios de comunicación podrá ser "de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro", esta última excluida de la Ley de Radiodifusión vigente.
El lanzamiento de la nueva normativa se enmarca además en el enfrentamiento que el Gobierno mantiene con el Grupo Clarín, que alcanzó su mayor expresión durante el conflicto con el sector agropecuario de 2008.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual afectaría la conformación del Grupo, ya que este tiene actualmente las licencias de Canal 13 y las operadoras de cable Multicanal y Cablevisión, con las que, según trascendidos, abarca alrededor del 40 por ciento del mercado.
Fuente: Diario “El Día”
El Ejecutivo quiere que el proyecto se trate antes del recambio de legisladores.